Aula Magna XXIX: Lo que aprendimos de la segunda jornada sobre el enfoque de género en la lucha contra el crimen organizado

Del 14 al 16 de octubre se llevó a cabo la vigésima novena edición de Aula Magna, un importante espacio de diálogo organizado anualmente por el Vicerrectorado Académico de la PUCP, en el que se abordan temas relevantes y de actualidad junto a notables especialistas nacionales e internacionales. En un contexto de crisis y con miras a las elecciones 2026, esta edición del evento abordó una problemática latente: el crecimiento del crimen organizado y las economías ilegales, así como su impacto en la sociedad y en la democracia de nuestro país. 

Este año, las dos primeras jornadas del evento estuvieron dedicadas a examinar en profundidad la situación en el Perú y en América Latina, así como a la presentación de políticas implementadas y casos exitosos en la región. El tercer y último día, se contó con un panel de propuestas para hacer frente a la problemática a cargo de representantes de los principales partidos políticos en contienda electoral. 

En este marco, el pasado 15 de octubre se desarrolló el panel “Impacto social de las economías ilegales y el crimen organizado: desafíos clave para la acción estatal” en el que se abordaron las consecuencias multidimensionales de las economías ilegales en la sociedad, el Estado, la ciudadanía y la gobernabilidad. Fanni Muñoz, profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y moderadora de la mesa, dio inicio a esta segunda jornada del evento resaltando el rol de Aula Magna como un reflejo del compromiso de la universidad con los valores que defiende.

“Aula Magna no es solo un espacio académico de reflexión y diálogo, sino también una expresión del compromiso de la universidad con los valores que la sostienen: la búsqueda rigurosa del conocimiento, la promoción del pensamiento crítico y la defensa de la institucionalidad democrática”. Fanni Muñoz

La ponencia magistral estuvo a cargo de Lucía Dammert, quien analizó cómo se instala el poder ilegal en las instituciones, la economía y la vida cotidiana en América Latina. Señaló que este se consolida cuando convergen tres elementos: la corrupción, la debilidad institucional y los mercados ilegales rentables. Solo el tráfico de personas, que afecta principalmente a las mujeres y niñas, genera una ganancia aproximada de 12 mil millones de dólares al año en América Latina.   

Asimismo, Dammert resalta que la normalización de la violencia, el deterioro de los conceptos del estado de derecho, y la agudización del miedo en nuestra construcción del otro son algunos de los principales impactos de la ilegalidad y el crimen organizado. 

“Es importante asegurarnos de que el estado vuelva a tener un rol frente al crecimiento de los mercados ilegales, porque sin Estado y con políticas corruptas, van a terminar teniendo el poder”. Lucía Dammert

Por su parte, Agustín Espinosa, profesor del Departamento Académico de Psicología de la PUCP, reflexionó sobre las consecuencias sociales y culturales de la corrupción y la impunidad. Explicó que más allá del daño institucional, la corrupción produce una laxitud moral colectiva, que se manifiesta en la tolerancia hacia conductas transgresoras por parte de las autoridades, y que tiene efectos sobre la empatía y la confianza social.

Espinosa subrayó que esta cultura de impunidad no solo reproduce desigualdades, sino que también tiene consecuencias importantes en los proyectos de vida de las generaciones más jóvenes, que no logran visualizar un proyecto personal a futuro en un país donde la corrupción parece formar parte del sistema. En ese sentido, enfatizó la urgencia de reconstruir la ética pública y el sentido de responsabilidad colectiva.

“Cuando el sistema es corrupto, también socializa la corrupción. Es necesario recuperar nuestro sentido de ética y colectividad.” Agustín Espinosa

Marcela Huaita, profesora del Departamento Académico de Derecho de la PUCP y jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad, aportó una mirada desde el enfoque de género, destacando que la criminalidad afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Señaló que no es posible comprender las economías ilegales sin reconocer los roles y jerarquías de poder que las atraviesan.

Huaita explicó que la corrupción también tiene sesgos de género, con dinámicas en las que a los hombres se les suele exigir dinero, mientras que a las mujeres, favores sexuales. Por ello, sostuvo que, incorporar el enfoque de género en las políticas de seguridad, justicia y desarrollo es una condición indispensable para avanzar hacia respuestas más justas y efectivas.

Asimismo, destacó que las mujeres no participan en estas dinámicas únicamente como víctimas; muchas intervienen en distintos eslabones de la cadena productiva —ya sea como microcomercializadoras, transportistas o proveedoras de diversos servicios—, desempeñando actividades que, en numerosos casos, constituyen estrategias de supervivencia tanto para ellas como para sus hijas e hijos. Pero también emergen como lideresas comunitarias que buscan transformar sus realidades, como las pallaqueras en los Andes o las lideresas indígenas en Madre de Dios evidenciando tanto las condiciones estructurales que las empujan a contextos de gran informalidad, como su potencial de liderazgo en la defensa del territorio y la vida.

Por último, hizo un llamado a los partidos políticos a incluir esta perspectiva en sus planes de gobierno, promoviendo alternativas económicas sostenibles y la protección de las defensoras y lideresas sociales.

“Sin la voz y la participación de las mujeres no será posible transformar las estructuras que perpetúan el crimen.” Marcela Huaita

En una sociedad atravesada por el crimen organizado, el enfoque de género propone una visión integral de la problemática: sus causas, sus efectos y las posibles soluciones. Desde la acción estatal y las políticas públicas, esta mirada es esencial para construir estrategias más justas y sostenibles hacia una sociedad libre de violencia y desigualdad.

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